Abogados piden a la Afip y al ministro Cafiero la inclusión inmediata de los servicios jurídicos en programa de emergencia nacional - Federación Argentina de Colegios de Abogados

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Abogados piden a la Afip y al ministro Cafiero la inclusión inmediata de los servicios jurídicos en programa de emergencia nacional

Se trata de uno de los rubros más golpeados por la cuarentena, pero no fue incluido en el “listado de las actividades afectadas en forma crítica” del programa que permite diferir el pago de contribuciones patronales SIPA y mitigar el impacto de la parálisis económica causada por la pandemia de coronavirus.

El pedido, que se conoció tras la reunión vía streaming de la Mesa Directiva de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) que tuvo lugar este jueves, lleva la firma del presidente de la entidad, José Luis Lassalle, y el Secretario Marcelo Scarpa, y está dirigido a la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont, así como a la Jefatura de Gabinete de la Nación, a cargo de Santiago Cafiero, y al Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción creado por el Decreto 347/2020 del presidente Alberto Fernández.

Para los representantes de unos ochenta colegios de abogados de todo el país, la actividad profesional se vio afectada por la virtual parálisis que comenzó el 16 de marzo con las primeras acordadas de la Corte Suprema, y continuó hasta la actualidad con la feria extraordinaria dispuesta tras la prórroga de la emergencia nacional.

“El panorama no ha cambiado desde que comenzó la pandemia: estudios jurídicos cerrados, juzgados inactivos, prohibición de circular para los abogados e incluso de tomar contacto personal con los clientes, todo lo cual tiene un efecto devastador en nuestra actividad”, señaló Lassalle.

La entidad, que desde el 26 de marzo se encuentra en sesión permanente y realiza encuentros por teleconferencia varias veces por semana y hasta más de una vez por día, también solicitó a la Corte Suprema agilizar el proceso de informatización de expedientes y trámites, algo que comenzó en 2007 y se venía postergando: “Es la oportunidad de que se rehabilite el servicio de justicia a nivel nacional”.

Estos pedidos de rehabilitación también fueron transmitidos a los superiores tribunales de justicia de todo el país acompañando las presentaciones de distintos consejos y colegios de abogados, aunque las distintas provincias adoptaron temperamentos diferentes respecto a la reactivación parcial de la actividad.
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