Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Ricardo Lorenzetti, Señor Ministro de Justicia de la Nación, Dr. Germán Garavano, Sra. Decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Tucumán, Dra. Adela María Seguí, Señor Presidente del Colegio de Abogados de Tucumán, Dr. Francisco García Posse, Señor Presidente de los Consejos y Ordenes de Abogados del Mercosur (COADEM), Dr. Oscar Paciello, demás autoridades presentes, colegas, señoras y señores.

Por tercera vez en la historia de nuestra Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), el foro argentino organizado se da cita en San Miguel de Tucumán para realizar una Conferencia Nacional de Abogados, convirtiendo a esta ciudad, tan entrañable para la memoria histórica de América y con tanta justicia denominada “Cuna de la Independencia”, en la localidad que más veces ha sido sede de este tipo de reuniones académicas en la historia de nuestra Federación Argentina de Colegios de Abogados.

Cuando se constituyó la FACA en 1921, y se fijaron sus objetivos en sus Estatutos, se estableció el propósito de celebrar conferencias anuales para tratar los asuntos concernientes a los fines de la Federación, estimulando también el debate de todas aquellas cuestiones que se vincularan “con las reformas sociales o jurídicas de la República”.

El mandato estatutario comenzó a cumplirse de inmediato. La Primera Conferencia tuvo lugar en Buenos Aires entre el 17 y el 22 de noviembre de 1924, cuando promediaba el segundo período del presidente fundador Dr. Manuel B. Gonnet, de tan cara memoria entre nosotros. El temario de esta primera Conferencia estuvo dedicado a dos grandes aspectos del derecho: La Organización Judicial y la Legislación Procesal, planteando, en ambos casos, la necesidad y la conveniencia de propiciar su unificación a nivel nacional.

La periodicidad de las conferencias nacionales de abogados nunca pudo ser anual, como se había planteado al principio, por lo que en los 95 años de vida de la FACA, se realizaron 17 Conferencias Nacionales, que serán 18 con la que estamos poniendo en marcha hoy. Las que siguieron a la inicial desarrollada en Buenos Aires, tuvieron lugar en Córdoba (1926), Mendoza (1933), San Miguel de Tucumán (1936), Santa Fe (1940), La Plata (1959), Corrientes (1965), La Plata (1970), San Francisco (1979), Rosario (1983), San Carlos de Bariloche (1989), San Miguel de Tucumán (1995), San Salvador de Jujuy (2000), Santa Fe (2003), Salta (2007), San Isidro (2010) y Posadas (2014).

De entre todas estas reuniones, cada una memorable en sí misma como un suceso de relevancia académicamente y de positivos efectos en la marcha de la legislación y de la Justicia, quiero destacar tres, nada más que por su simbolismo evocativo: la de Tucumán de 1936, cuando se cumplían 120 años de la Declaración de la Independencia Argentina; la de Santa Fe de 2003, realizada en el año del 150° Aniversario de la sanción de la Constitución Nacional, concebida precisamente en esa ciudad; y la de San Isidro de 2010, cuando todo el país celebraba el Bicentenario de la revolución de Mayo.

En todas estas Conferencias Nacionales se puso de relieve la acción que les correspondió a los abogados en aquellas fechas señeras en la historia nacional y americana. De igual modo, en estos días en San Miguel de Tucumán vamos a reflexionar sobre la acción de la abogacía argentina y el lugar del derecho en 200 años de vida independiente, que es al mismo tiempo el inicio de una nueva etapa en el ejercicio de la vida democrática y el primer aniversario de la vigencia en la Argentina de un nuevo Código Civil y Comercial, de tan profundas implicancias en la cotidianeidad de las personas y las instituciones.
Revolución, Independencia y Constitución, fueron las consignas centrales que reafirmamos en las tres Conferencias Nacionales que acabo de mencionar, cuando evocamos los años de 1810, 1816 y 1853.
La presencia de letrados en los sucesos de mayo de 1810 es relevante tanto numérica como cualitativamente, ya que participaron 22 abogados, aproximadamente el 10% de todos los vecinos que participaron en el Cabildo abierto del día 22, y sólo uno de ellos, el Dr. Bonifacio Zapiola, votó por la continuidad del virrey Cisneros.

De aquellos 22 abogados que anotaron sus nombres en las actas del Cabildo porteño en aquel día decisivo, en que se dio el gran debate de derecho público sobre la legitimidad del poder del virrey en plena crisis de la monarquía, se destacan los nombres de los doctores Manuel Belgrano, Mariano Moreno, Juan José Paso, Manuel Castelli, Feliciano Chiclana, Vicente López y Planes, Joaquín Campana y Juan Francisco Seguí, entre otros de menor proyección posterior.

Y hay que recordar que esta contienda preliminar en la historia política argentina que le costó al virrey Cisneros su desplazamiento del poder, no fue una batalla militar, ni una asonada de la muchedumbre, sino un debate jurídico filosófico librado por letrados con argumentos provistos por el pensamiento ilustrado del siglo XVIII y las antiguas pero recordadas doctrinas de Suarez y Vitoria.

Las divisiones políticas que se plantearon después, cuando se fueron definiendo dos proyectos políticos distintos y hasta encontrados, que se materializaron en dos bloques de provincias diferentes: las Provincias Unidas del Río de la Plata y la Liga de los Pueblos Libres, llevaron a que en ambos proyectos nuevamente se destacaran los abogados.

Prestigiosos letrados actuaron en los dos congresos convocados en aquellos días, el denominado “Congreso de Oriente”, breve pero significativo encuentro de los pueblos federales que seguían la propuesta de José Gervasio Artigas realizado en el Arroyo de la China, actual ciudad de Concepción del Uruguay, en junio y julio de 1815; y el más dilatado y de mayores proyecciones continentales que fue el Congreso de Tucumán, que produjo la declaración de la Independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica el 9 de julio de 1816.

El lugar que ocupa en la historia de América el Congreso de Tucumán, del que formaron parte numerosos y prestigiosos abogados comprometidos con la revolución, está dado por el hecho de haber producido la declaración de la independencia en un momento en que la revolución americana estaba cruzando una etapa de retracción frente al avance realista en todos los frentes de Hispanoamérica. Ese grito emancipador, este compromiso público, era el toque de clarín que esperaba el gran ejército del general San Martín para iniciar su epopeya libertadora y llevar la proclama tucumana por medio continente, haciéndola efectiva para siempre.

Superadas las luchas civiles, al menos entre las provincias del interior, llegó la hora de la Organización Nacional. Recuperado el espíritu del Pacto Federal del 4 de enero de 1831, del que fuera principal artífice el Brigadier General Estanislao López, desde San Nicolás de los Arroyos se lanzó la convocatoria al Congreso de Santa Fe, donde fue sancionada la Constitución Nacional el 1° de mayo de 1853.
Surge entonces la figura preclara del que fuera uno de los tucumanos más sobresalientes de la historia argentina, y referente insoslayable de la abogacía nacional: el doctor Juan Bautista Alberdi, nacido en el simbólico año de 1810 en esta ciudad de San Miguel del Tucumán. Su pluma y su moderna y realista concepción del Derecho, aportarían al trabajo creador de los constituyentes de Santa Fe sus “Bases y puntos de partida para la organización nacional”, texto jurídico de tan amplios alcances entre las fuentes que inspiraron las formas definitivas de nuestra Constitución, y recordado autor además de tantas obras relevantes.

Los abogados argentinos, a partir de 1959, celebramos nuestro día el 29 de agosto de cada año, conmemorando el nacimiento de Alberdi, a quien rendimos homenaje permanente desde la Federación Argentina de Colegios de Abogados y de manera muy especial en esta oportunidad en la que nos congregamos en su ciudad de nacimiento donde viviera su infancia y en la que recibiera su primera formación escolar.

La XVIII Conferencia Nacional de Abogados que estamos iniciando hoy en Tucumán, más allá del significado que reviste en sí misma como encuentro del foro argentino, viene acompañada de esa carga simbólica que nos confronta, en este bicentenario de la independencia argentina, con nuestra historia, con nuestra identidad y con nuestra responsabilidad como argentinos, como ciudadanos y como profesionales del derecho.
En esta larga historia de desencuentros, de cambios políticos, de quiebres institucionales, de avances y retrocesos que caracterizó al siglo XX y lo que va del XXI, el foro argentino organizado estuvo activo y vigilante, partiendo de un pequeño núcleo de pocos colegios reunidos en nuestra Federación en la década de 1920, que formaban parte de un proyecto de país que había apostado a la educación pública, gratuita y obligatoria que permitió al cabo de algunas décadas una movilidad social infrecuente por aquellos años en otras partes de América Latina.
Tuvo esto que ver con el crecimiento de la clase media y con el acceso de la juventud a la universidad, siendo la carrera de abogacía una de las más populares entre los jóvenes; precisamente cuando la dirigencia forense comenzó a alentar la matriculación obligatoria como una forma de ordenar a ese foro creciente que se presentaba como inmanejable.
La multiplicación geométrica de abogados hizo que durante bastante tiempo, los colegios profesionales, que actuaban como asociaciones civiles, no fueran verdaderamente representativos. Eran pocos y su matrícula voluntaria y, por lo tanto, bastante pequeña. Pero la matriculación obligatoria había avanzado durante la presidencia del General Juan D. Perón como una política de Estado, y fue entonces que, instalada por leyes locales en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, provincias que contenían las mayores matrículas del país, se produjo una apertura ideológica que estuvo presente en la condena del golpe de Estado de 1966 y en la eclosión de protesta y resistencia a la dictadura del General Juan Carlos Onganía contemporánea al “Cordobazo”. Vale recordar sobre estos acontecimientos que la VIII Conferencia Nacional de Abogados realizada en la ciudad de La Plata en 1970 declaró que es legítima la resistencia popular contra los gobiernos de facto.

La Federación condenó la violencia armada descontrolada y reclamó por los abogados desaparecidos durante la dictadura militar iniciada en 1976, casi todos defensores de presos políticos, al igual que muchos colegios que actuaron por propia iniciativa ante el terrorismo de Estado. Larga y valiente fue la labor de la Comisión de Defensa del Abogado, creada con motivo de los crímenes de la autodenominada “Revolución Argentina” y muy activa durante el denominado “Proceso”.

Al producirse el retorno a la vida democrática en 1983, la Federación estuvo siempre al lado del orden republicano y de la estabilidad del estado de derecho. Acompañó estrechamente al gobierno frente a los eventos desestabilizadores encabezados por los “Cara Pintada”, y respaldó la labor de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), cuyo Informe titulado “Nunca Más” arrojó la primera cantidad sobre denuncias de muchos miles de argentinos víctimas de la represión ilegal, entre ellas al menos 109 abogados, que se sumaban a los 23 asesinatos de profesionales conocidos, cantidad que seguramente fue superior a estos registros que aquí mencionamos.

La Federación condenó la sanción de las leyes de “Obediencia Debida” y “Punto Final”, como así también los indultos producidos por el presidente Menem en 1990. Brindó en cambio su apoyo a las declaratorias de nulidad de las anteriores leyes y la de inconstitucionalidad que produjera finalmente la Corte Suprema de la Nación en 2005.
En marzo de 2004, la Federación dejó instituido el “Día del abogado víctima del terrorismo de estado”, que desde entonces se conmemora cada 6 de julio, en homenaje a los abogados caídos en Mar del Plata en ese mes pero del año 1977, en lo que se conoce en la negra historia de aquellos años, como la “noche de las corbatas”.
Ha sido también una de las acciones fundamentales de la FACA la de representar al foro argentino en el exterior, fomentando muy tempranamente la organización de organismos internacionales de la Abogacía, por lo que uno de nuestros más recordados presidentes, el Dr. Honorio Silgueira, es reconocido en diversos países de América y de Europa como un precursor de la integración internacional de las entidades forenses. Así es que la FACA es uno de los integrantes más antiguos de la Unión Internacional de Abogados (UIA), de la Federación Interamericana de Abogados (FIA), de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados, y de la entidad regional denominada Colegios y Órdenes de Abogados del Mercosur (COADEM) donde la Federación es reconocida con representante de la abogacía argentina.
Coherentemente con sus principios fundacionales, la FACA ha propiciado una organización federal del foro argentino, basada en la igualdad de la representación de las instituciones afiliadas, cualquiera sea la cantidad de profesionales matriculados. Esta característica no ha sido comprendida por el Colegio más numeroso de la República Argentina, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, creado a instancias de la Asociación de Abogados de Buenos Aires y de la FACA en 1985, y recién incorporado a esta última en diciembre de 2001, luego de ingentes y complejas negociaciones.
Su desafiliación, producida en 2008, ha sido lamentada por la FACA, sin que esto signifique admitir, ni aun parcialmente, las impugnaciones que se nos dirigieron desde ciertos dirigentes del Colegio capitalino, que cuestionaban la representación de la Federación y ponían en tela de juicio la organización estatutaria que reconoce a cada Colegio un voto.
Esperamos que en un futuro, que en este momento no podemos precisar, se produzca el regreso de este Colegio que demandó a nuestra Federación muchos esfuerzos para lograr la sanción de la ley de su creación, evitar su veto por el presidente Raúl Alfonsín, y contradecir los posteriores pedidos de inconstitucionalidad, planteados por los opositores al principio de la colegiación legal. Porque, precisamente, el gran logro que significó la ley de creación del Colegio Público, consistió en la afiliación obligatoria de los profesionales de la abogacía de la ciudad de Buenos Aires.
De cualquier manera, la presencia de FACA en Capital Federal es importante. Son parte integrante de nuestra organización dos instituciones de añejos pergaminos en la defensa de la República, como el Colegio de la Ciudad de Buenos Aires, entidad madre de FACA, a cuya iniciativa se debe su fundación en 1921, y la Asociación de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, surgida de los sectores medios del foro capitalino en 1934, y que al momento de su afiliación a FACA, producida en 1982, contaba con diez mil asociados voluntarios. Pero más allá de las dos entidades mencionadas, la presencia de FACA en la ciudad de Buenos Aires está dada por la doble y múltiple matriculación que lleva a que numerosos letrados que viven en el interior deban matricularse en Capital Federal para poder litigar en su Justicia Federal.
Fiel a sus principios, la Federación viene bregando para que los Colegios de Abogados del interior del país puedan otorgar y ejercer el gobierno de la matrícula federal en sus respectivas jurisdicciones, antiguo objetivo de la Federación que en 1990 fue sancionado como Ley, pero resultó vetado por el presidente Carlos Menem. Hoy se renueva el impulso para concretarlo, como lo estamos gestionando actualmente, con la presentación de un proyecto en la Cámara de Diputados el pasado mes de junio.
La FACA fue una de las instituciones que más bregó para que se implementara el Consejo de la Magistratura y el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados previstos en la reforma constitucional de 1994. Primero, para que la institución alcanzara rango constitucional, segundo para que se dictaran las leyes reglamentarias, y tercero para que tales leyes se pusieran en práctica, cumpliendo la FACA el rol que las mismas normas le habían reservado, atribuciones oficiales que hoy desempeña cabalmente, organizando la elección del representante de los abogados del interior del país en el Consejo de la Magistratura de la Nación, según lo contempla la Ley 26.080 y sus modificatorias.

Fueron las modificatorias a las leyes originales las que llevaron a la FACA a asumir posiciones muy críticas, como cuando en 2006 se produjo la reforma que modificó la composición del Consejo de la Magistratura y del Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados, y cuando en 2013 se propusieron nuevos cambios que, entre otras modificaciones introducía “el voto popular” en la elección de los consejeros.
De los 200 años de vida independiente que ha cumplido nuestro país en estos días de 2016, la abogacía organizada en la Federación Argentina de Colegios de Abogados lleva una existencia ininterrumpida de casi la mitad de esos dos siglos. Más allá de nuestra acción en defensa del estado de derecho, del orden republicano, y del federalismo, la entidad se ha destacado también por su costado académico, representado por el Instituto Argentino de Estudios Legislativos, creado en 1935 y reorganizado en 1974 como Instituto de Estudios Legislativos (IDEL), cuyos estatutos fueron renovados en 2005.
En este ámbito de estudio, investigación y debate científico, las diversas comisiones han producido dictámenes de suma importancia, muchos de los cuales han sido puestos a disposición de los poderes del Estado, según fuera la temática en cuestión y los proyectos en curso. Tal fue el caso de la última reforma de los Códigos Civil y Comercial que, unificados, se vienen aplicando desde hace un año en la Argentina.
Sobre este tema, que es uno de los que nos convoca en esta Décimo Octava Conferencia Nacional de Abogados hay que recordar que la FACA expresó públicamente su oposición a algunos aspectos de la reforma; y, conjuntamente con el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, con la Coordinadora de Cajas de Previsión Social para Abogados y Procuradores de la República Argentina y con el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, se organizaron actividades sobre el tema. Asimismo la FACA celebró una Junta Extraordinaria donde los Colegios aportaron sus dictámenes y dieron mandato a la Mesa Directiva para expresar ante los poderes públicos una firme oposición a la reforma en lo tocante, fundamentalmente, a las incumbencias profesionales de los abogados, todo lo cual fue planteado ante la Comisión Redactora del Proyecto, ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, ante la Comisión Bicameral que se formó en el Congreso de la Nación y ante los distintos legisladores que integraban la misma.
Con gran expectativa escucharemos las ponencias que se discutirán en esta Conferencia Nacional de Abogados sobre la puesta en práctica del nuevo Código Civil y Comercial unificado, primera evaluación de un proceso que recién se está poniendo de manifiesto en los múltiples aspectos del desenvolvimiento social de los argentinos, la vida privada, la familia, las instituciones, las profesiones, la actividad económica, y tantas expresiones del vivir cotidiano y de la convivencia social.
No quiero finalizar esta exposición de apertura de la Décimo Octava Conferencia Nacional de Abogados sin hacer referencia al importante lugar que en el conjunto de la colegiación organizada desempeña el Colegio de Abogados de Tucumán.
Fundado el 19 de mayo de 1932, registraba ya un antecedente anterior de 1926, de efímera duración. Fue en Tucumán donde se realizó en 1936 la Cuarta Conferencia Nacional de Abogados, y la segunda sesión de la Junta de Gobierno de FACA en el interior del país. También fue, como señalé al principio, sede de la Décimo Segunda Conferencia de 1995.
Durante sus 84 años de labor, el Colegio de Abogados de Tucumán ha sido uno de los pilares de la organización forense en el norte argentino y en la Argentina misma, y nos enorgullece contarlo entre los 81 Colegios y Asociaciones de Abogados que componen nuestra institución.

Debo agradecer a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán, en la persona de su Decana Dra. Adela María Seguí, por recibirnos en su casa, fundada el 26 de marzo de 1938, y además aprovechar la oportunidad para felicitar a esta casa de altos estudios por ser referente en todo el Noroeste Argentino y contar con una de las matrículas más altas y prestigiosas de país
De esta manera, en esta hermosa provincia que conocemos como “el Jardín de la República” y en la ciudad consagrada como “Cuna de la Independencia”, cuando conmemoramos el Bicentenario de la Independencia Argentina en todo el país, los abogados nos reencontramos para desarrollar esta Décimo Octava Conferencia Nacional de Abogados cuyo éxito auguramos y cuyas conclusiones nos enriquecerán como hombres del derecho y como ciudadanos cuando retornemos a nuestros hogares y a nuestros Colegios para seguir trabajando en pos de la Justicia y de la convivencia social.

San Miguel de Tucumán, 10 de agosto de 2016

Eduardo A. Massot
Presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados