La Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) considera que la justicia del trabajo es la última instancia con que cuentan los trabajadores cuando padecen actos ilícitos o daños sufridos en ocasión de la dación de tareas, no teniendo acceso a la misma sin el ejercicio libre, honesto y digno de la Abogacía.
El fuero del trabajo y el ejercicio de nuestra profesión en el mismo, merecen un trato justo, que no reciben de la prensa ni del presidente de la República.
La FACA advierte que los abogados laboralistas y la justicia del trabajo vienen siendo objeto de un trato descalificador, alentando los sucesivos gobiernos una campaña contra la mal llamada industria del juicio, que se lleva a cabo castigando a los abogados laboralistas y difamando al fuero del trabajo.
Manifestaciones del presidente de la República en las que hace referencia a una “mafia en los juicios laborales”, involucrando a jueces, abogados y trabajadores, constituyen un camino erróneo en la búsqueda de mejorar el servicio de justicia en éste fuero especializado, que tiene jerarquía supralegal por imperio del art. 36 de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, el cual, en innumerables ocasiones, ha tenido además que ejercer el control de constitucionalidad difuso sobre normas inspiradas en una política social violatoria de derechos humanos, laborales y sociales.
Al respecto debemos recordar que la FACA y los colegios de abogados del país han venido luchando sostenidamente contra el ejercicio ilegítimo de la abogacía y nuestra prédica contra el denominado “caranchismo” es un claro ejemplo de ello.
En lo que no podemos coincidir es en las criticas genéricas, ya que la inmensa mayoría de los abogados honran la profesión actuando de manera ética y conforme a derecho, razón por la cual consideramos que las declaraciones de quien cuenta con la máxima investidura nacional han sido desafortunadas, al incluir a los abogados como parte de ”mafias”.
La prudencia es una virtud de la cual no se puede apartar quien tiene tan alta responsabilidad, sobre todo en temas de gran resonancia y sensibilidad social. En ese sentido entendemos que para combatir eficazmente esos “supuestos”, sería más apropiado efectuar las denuncias, con clara identificación de sus protagonistas, ante la Justicia Penal y ante los Tribunales de Ética de los Colegios correspondientes, a fin de que se diluciden responsabilidades, tal como lo ha venido proponiendo esta institución enfrentando sin concesiones el ejercicio ilícito y desleal de la abogacía.
Es necesario destacar que los agravios carentes de sustento fáctico a nuestra profesión no contribuyen a una relación armónica entre los Colegios de Abogados y los poderes del Estado, y menos aún a encontrar una solución a tan grave denuncia pública.
Los abogados deberán seguir cumpliendo con su ministerio pese a que se los intenta constituir en el chivo expiatorio de una ciudadanía necesitada, a la que se deben y a la cual, por intermedio de un ejercicio libre e independiente de la profesión, le garantizan el derecho a la tutela judicial efectiva.
Reflexionando sobre el desempeño que ha tenido la abogacía organizada a lo largo de estos últimos años, defendiendo la libertad, la democracia, las instituciones republicanas, la independencia del poder judicial, el prestigio de la profesión y su ejercicio liberal, queda demostrado que los Colegios de Abogados son instituciones indispensables para que la República pueda concretar su futuro de grandeza, pues nuestra función excede lo meramente corporativo, tiene carácter público, como colaboradores y auxiliares de la justicia y, si bien el Estado garantiza a sus ciudadanos el debido proceso y el derecho de defensa, es imposible que lo logre sin nuestra función.
Es por ello que solicitamos que, en adelante y atendiendo a que es un tema de agenda presidencial, se nos convoque para dialogar y debatir sobre el ejercicio profesional de la abogacía y la administración de justicia, a los fines de evaluar propuestas de mejoras y trabajo en conjunto, evitando así las criticas genéricas que atentan contra la convivencia pacífica.

Buenos Aires, 15 de junio de 2017

Eduardo Massot
Presidente