ACTA de la reunión conjunta de las comisiones de DDHH y Defensa de la defensa del día 3 de setiembre de 2020
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Se trató la problemática de la toma de tierras; la desaparición forzada seguida de muerte del joven Facundo Astudillo Castro y la grave intromisión del Embajador de los EEUU en cuestiones internas, que merecen su firme repudio de la abogacía organizada-
1) Toma de tierras: se considera que esta temática, que es sumamente grave, debe ser abordada por la abogacía organizada a efectos de encausarla de manera de conciliar los derechos en juego. El tratamiento sesgado por medio de medios y sectores, orientados por intereses sectoriales, manipulan o pretenden manipular a la sociedad en cuanto a como interpretar tan grave y profunda cuestión.
Están en juego derechos humanos por los que el Estado está obligado a proteger, como el acceso a la vivienda digna. Así lo imponen la Constitución Nacional y los Tratados a ella incorporados.
Se reconoce; y no podría ser de otra manera, que la usurpación de tierras es un acto que el Código Penal caracteriza como delito.
Tampoco escapa al entendimiento de los delegados y delegadas presentes, que personajes inescrupulosos han hecho de esto un muy redituable y perverso negocio.
Creemos que está ausente y es necesaria la opinión y la participación de la autorizada voz de la abogacía organizada que convoque a los poderes del Estado para que se dé cumplimiento a los tratados que apuntan a los derechos sociales y económicos y a las normas que aseguran el derecho a la vivienda digna y al respeto a los territorios, con especial atención a los territorios históricamente pertenecientes a las comunidades originarias. La persecución penal y mucho menos la represión, no pueden ni deben ser la solución a un grave y antiguo drama social.
Definir a estas acciones como delito, sin profundizar en las causas que subyacen detrás, es un reduccionismo que solo busca apartarse del problema real y sus posibles soluciones.
Los delegados y delegadas de las comisiones presentes han comprometido sus esfuerzos para elevar una propuesta a la mesa, limitándose hasta tanto, a señalar la necesidad de su abordaje serio, profundo y comprometido.-
2) Desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro: Las comisiones concurrentes a esta reunión virtual ratifican y reiteran su dictamen oportunamente elevado a la mesa y fechado en julio ppdo. que se transcribe al pie (*). Desde la fecha de aquel dictamen se ha producido el lamentable hallazgo de restos que resultaron ser del joven desaparecido meses atrás.
No tenemos duda que se trata de una desaparición forzada seguida de muerte y que por la índole del delito, que invierte la carga de la prueba, es el Estado Nacional, en primer lugar, quien debe investigar de manera profunda, transparente, objetiva e independiente, como lo anunció, este gravísimo hecho.
Más allá de no conocerse todo lo que ocurrió, hay datos objetivos que deben destacarse con claridad. La responsabilidad de la policía bonaerense es inocultable. El joven fue detenido en un control policial, hecho acreditado debidamente, y la policía en lugar de regresarlo a su casa ya que se había producido una violación a las normas dispuesta por la pandemia, lo dejaron seguir. Curiosamente pasó de un policía a otro, alguno resultó pariente de otro. La zona en que aparecieron los restos; muy distante de las vías del ferrocarril y en un cangrejal, dato más que llamativo. La aparición de un amuleto en dependencias policiales y ADN en un vehículo de las fuerzas de seguridad, exigen debido esclarecimiento.
Que se trata de una desaparición forzada seguida de muerte y como tal debe entenderse, es una cuestión que deriva de lo señalado precedentemente. Pero también por lo que el Ministerio Público Fiscal acaba de expresar (**) en cuanto a que debe tratarse este grave hecho como desaparición forzada seguida de muerte.
Además de la amenaza a uno de los abogados de la familia de Facundo, se ha provocado una inadmisible catarata de agresiones verbales del Ministro Sergio Berni al colega Leonardo Aparicio (***), razón por la cual reiteramos y ratificamos nuestro anterior dictamen, en el sentido que:
La Federación Argentina de Colegios de Abogados expresa su honda preocupación por la desaparición forzada seguida de muerte del joven Facundo Astudillo Castro, e insta al Estado Nacional para que; en sintonía con lo requerido por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, y la solicitud de la CIDH extreme los recursos de que dispone para esclarecer la suerte por él corrida e investigar y sancionar a quienes fueren responsables.
La FACA expresa su preocupación a la señora Jueza a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Bahía Blanca Dra. María Gabriela Marrón y al Ministerio Público Fiscal.
Se expresa solidaridad con el Dr. Luciano Peretto, amenazado por el subcomisario Pablo Reguillón, lo que se hará saber al colega y al Colegio de Abogados de Bahía Blanca a sus efectos. Asimismo repudia las públicas agresiones verbales a los colegas, vertidas reiteradamente por el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires Sergio Berni con relación principalmente al colega Leonardo Aparicio
39.- Repudio a declaraciones del Embajador de EEUU que implican inadmisible intromisión en cuestiones de política interna: Se resuelve hacer saber a la Mesa directiva que las comisiones participantes de esta reunión repudian enérgicamente las declaraciones del Embajador de los EEUU Edward Prado, vinculadas con la justicia argentina. Estas declaraciones sintonizan con las que el funcionario hizo en su país antes de asumir la embajada y que nos retrotraen a las épocas del “patio trasero” (****). Se solicitará a la Mesa rechace firmemente esta intromisión.-
4).- Se resuelve solicitar informes a la Mesa directiva en relación al proyecto, aprobado por la Junta de gobierno, de intervención en la causa penal por espionaje que afectó a abogados y abogadas y a sus defendidos y la ampliación de la denuncia ante Naciones Unidas. La circunstancia de que el CALP haya sido admitido como querellante agrega un dato que refuerza nuestra petición (*****).-
(*) Buenos Aires, julio de 2020.-
AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA
FEDERACIÓN ARGENTINA DE COLEGIOS DE ABOGADOS
DOCTOR JOSÉ LUIS LASSALLE
AL SEÑOR SECRETARIO
DOCTOR MARCELO C. C. SCARPA
En la Comisión de Derechos Humanos de la Federación hemos analizado con profunda preocupación el caso de la desaparición forzada del joven FACUNDO ASTUDILLO CASTRO, quien fue demorado en un retén de la policía bonaerense en la localidad de Mayor Buratovich, Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, el pasado 30 de abril, por haber violado la cuarentena.
Las versiones que da la policía bonaerense, separada actualmente de la investigación, son contradictorias. Un oficial de la fuerza amenazó al abogado Luciano Peretto, se trata del Subcomisario de la Policía Bonaerense Pablo Reguillón. Esta actitud aumenta el grado de sospecha en cuanto a la responsabilidad policial en la desaparición forzada del joven.
“Producto de la discusión allí producida, en un momento de ella, el agente
Reguillón le refiere casi textualmente al Dr. Peretto ‘Vos quédate tranquilo, que yo me estoy guardando todos los link de los medios en los que estás hablando y cuando todo pase yo se bien lo que tengo que hacer…”, dice textualmente el escrito presentado ante el Juzgado de Bahía Blanca. Los dos vecinos con los que Peretto había llegado al lugar escucharon todo”
Reguillón le refiere casi textualmente al Dr. Peretto ‘Vos quédate tranquilo, que yo me estoy guardando todos los link de los medios en los que estás hablando y cuando todo pase yo se bien lo que tengo que hacer…”, dice textualmente el escrito presentado ante el Juzgado de Bahía Blanca. Los dos vecinos con los que Peretto había llegado al lugar escucharon todo”
(http://laizquierdadiario.com/Grave-amenaza-de-la-Bonaerense-a-la-familia-de-Facundo-Astudillo-Castro)
Esta amenaza directa fue acompañada de presiones sobre el colega, las que cesaron al intervenir el Fiscal Santiago Ulpiano Martínez, subrogante de la Fiscalía Federal N° 1 de Bahía Blanca. Interviene en la causa la titular del Juzgado Federal N° 2 de la misma ciudad, Dra. María Gabriela Marrón.
Que se produzca una desaparición forzada en democracia. Es algo que no podemos ni debemos tolerar como sociedad; mucho menos, entidad madre de la abogacía organizada argentina.
El caso de Facundo Astudillo Castro trascendió las fronteras del país, provocando el pedido de informes por parte del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas y pedido de informes por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, que se ha puesto en crisis y riesgo la responsabilidad internacional del estado argentino, razón más que suficiente para justificar nuestra intervención, más allá del lugar en que los hechos se verificaron
De conformidad con la información remitida al Comité, con base en las declaraciones de testigos y en las contradicciones en los relatos de los agentes policiales de la provincia de Buenos Aires, se presume que esta fuerza estatal podría estar involucrada en la desaparición de Facundo". En este sentido, le pide al Estado argentino aclarar de inmediato la suerte y el paradero de Facundo e informar a sus familiares y al Comité contra Desaparición Forzada de la ONU. Caso contrario, la ONU recomienda tomar todas las acciones que sean necesarias para encontrarlo. En este sentido recomienda "que las autoridades encargadas de la búsqueda de Castro y de la investigación de su desaparición diseñen, con la participación de las víctimas y sus representantes, una estrategia integral que incluya un plan de acción y un cronograma que tome en cuenta todas las hipótesis disponibles”.
Según informó la Comisión Por la Memoria; institución que reviste carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, para esto resulta indispensable que el Estado garantice el cumplimiento de “los requisitos de la debida diligencia para todas las etapas del proceso incluyendo oficiosidad, inmediatez y exhaustividad, así como también asegurando la competencia e independencia de los profesionales intervinientes”.
(https://www.pagina12.com.ar/277965-la-onu-reclamo-al-estado-una-estrategia-integral-para-hallar)
Los organismos históricos de DDHH emitieron el 8 de julio pasado, un comunicado en el que expresan:
“Es indispensable que se realice con la mayor urgencia posible una búsqueda e investigación seria y sin presiones y que la justicia federal de Bahía Blanca avance rápidamente en la denuncia por desaparición forzada presentada por la familia de Facundo”
La desaparición del joven Astudillo Castro provocó también la intervención de las CIDH, que pidió informes al estado nacional, concediendo un plazo de 72 horas. El PE requirió información, a su vez, al Ministerio de Seguridad de la Nación y al de la Provincia de Buenos Aires (https://www.telam.com.ar/notas/202007/487914-cidh-cancilleria-informes-desaparicion-facundo-astudillo-castro.html)
“La desaparición de Facundo Castro está alcanzando niveles altos. Ahora, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) envió una solicitud de información al ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina sobre la denuncia por la desaparición forzada del joven.
En la nota, dirigida a Felipe Solá, piden informes sobre "las acciones que el Estado estaría llevando a cabo para dar con el paradero o localización del joven y el avance en las investigaciones que se llevarían a cabo por los hechos alegados… Cabe mencionar que los tres testigos que afirman haber visto a Facundo Castro cuando subía a un patrullero intentaron tres veces que la policía les tomara la declaración y fueron ignorados. "
(https://www.abcdiario.com.ar/nacionales/2020/7/9/desaparicion-de-facundo-castro-cidh-pidio-informacion-39370.html)
Ante este gravísimo hecho, solicitamos de la FACA exprese su honda preocupación por el caso del joven FACUNDO ASTUDILLO CASTRO, que hasta el momento parece tratarse de una desaparición forzada de persona y recomiende al Estado Nacional y a las autoridades de la Provincia de Buenos Aires, den estricto cumplimiento a las recomendaciones del Comité de desaparición forzada de la ONU y al pedido de informes de la CIDH, extremando los medios a su alcance para dilucidar los hechos y sancionar a los responsables.
Exprese asimismo su preocupación a la señora Jueza Dra. María Gabriela Marrón, titular del Juzgado Federal N° 2 de Bahía Blanca. Al mismo tiempo, exprese solidaridad con el colega Luciano Peretto, amenazado por el Subcomisario Pablo Reguillón.
Sin perjuicio de entender que está habilitada la intervención directa de la Federación dado que se encuentra cuestionada la responsabilidad internacional del Estado nacional, más allá de la responsabilidad directa que pudiere corresponder a las fuerzas de seguridad.
Oportuno es señalar que las mencionadas fuerzas se encuentran fuertemente cuestionadas por graves hechos de violencia institucional. Sobre algunos casos ya se ha pronunciado FACA.
Florencia Magali Morales y Franco Maranguello en San Luis; Luis Espinoza en Tucumán; integrantes de comunidades originarias en el Chaco; sumado al asesinato por miembros de la policía bonaerense de Lucas Nahuel Verón en González Catán, dan cuenta de un alarmante crecimiento de los casos de violencia institucional.
Todos estos casos revisten idéntica gravedad. Pero, el que involucra la desaparición de FACUNDO ASTUDILLO CASTRO, por el carácter de delito que parece haberse cometido y su resonancia internacional, no admite dilaciones, razón por la cual, solicitamos la declaración que proponemos y que podríamos sintetizar de la siguiente forma:
La Federación Argentina de Colegios de Abogados expresa su honda preocupación por lo que parece tratarse de la desaparición forzada del joven Facundo Astudillo Castro, e insta al Estado Nacional para que; en sintonía con lo requerido por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, y la solicitud de la CIDH extreme los recurso de que dispone para esclarecer la suerte por él corrida e investigar y sancionar a quienes fueren responsables.
La FACA expresa su preocupación a la señora Jueza a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Bahía Blanca Dra. María Gabriela Marrón y al Fiscal de la causa Dr. Santiago Ulpiano Martínez.
Se expresa solidaridad con el Dr. Luciano Peretto, amenazado por el subcomisario Pablo Reguillón, lo que se hará saber al colega y al Colegio de Abogados de Bahía Blanca a sus efectos.
Sin más, saludo a ustedes con mi mayor consideración y estima
Carlos Alberto López De Belva
Director de la Comisión de DDHH
(**)05 de septiembre de 2020
Además, resolvió que los peritajes no sigan a cargo de la policía
Caso Facundo Castro: el equipo fiscal dispuso que la causa esté disponible para las partes
La medida busca garantizar transparencia en el expediente. "El objeto de investigación es la desaparición forzada seguida de muerte" del joven.
Por Adriana Meyer
De manera oficial, el ministerio público fiscal determinó que la investigación en torno a qué sucedió con Facundo Astudillo Castro "gira en torno a la desaparición forzada (...) seguida de muerte, con las connotaciones y particularidades que este tipo de causas conllevan y el trágico desenlace que, finalmente, se acreditó”.
Por eso, la fiscalía dispuso que "todo lo actuado esté disponible en formato digital para las partes" y que la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) coordine todos los estudios periciales. Tal como anticipó Página/12, así será a partir de ahora la metodología de trabajo que busca saldar una primera etapa en la cual los operadores del ministerio público y de la justicia estuvieron alejados, cuando no enfrentados, a la familia del joven desaparecido desde el 30 de abril, cuyos restos óseos aparecieron en un cangrejal de Villarino Viejo y fueron inhumandos el jueves en Pedro Luro.
Cuando estuvo la Ciudad de Buenos Aires, Cristina Castro, la madre de Facundo, declaró ante Procuración General de la Nación, en un expediente abierto por irregularidades que habría cometido el fiscal de la causa, Santiago Ulpiano Martínez, denunciado por los abogados querellantes de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Al día siguiente, el procurador Eduardo Casal nombró a los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolín, de la Procuraduría de Violencia Institucional y de Ciberdelincuencia respectivamente, para que trabajen con Martínez. Las decisiones, confirmadas este viernes en el sitio fiscales.gob.ar, se tomaron "como parte de los lineamientos acordados con Cristina Castro, sus abogados y la querella institucional en una reunión mantenida el martes".
Desde que el caso ingresó al fuero federal, la familia de Facundo expresó la imposibilidad de acceder a la investigación , tal como informó este diario. Por eso, entre las modificaciones implementadas está la digitalización de las actuaciones para que las partes tengan a su disposición lo que va sucediendo en la pesquisa. Martínez, Heim y Azzolín también resolvieron que la Policía Federal Argentina (PFA) "remita la totalidad de los análisis concluidos e informe el estado de los que se encuentran pendientes a la DATIP".
Azzolin es titular de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) y subrogante de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca. Por su parte, Heim tiene a cargo la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN). Ambos fueron designados el 28 de agosto por el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, para intervenir en forma conjunta o alternada con Martínez. El martes, los tres mantuvieron un encuentro con la querella particular constituida por la mamá de Facundo, sus abogados, Leandro Aparicio y Luciano Peretto Ithurralde, la representante de la CPM en su carácter de querella institucional, Margarita Jarque, y Malena Derdoy y Paola Rosero, directora de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) y coordinadora del área de Violencia Policial de esa dependencia, respectivamente.
La reunión se celebró un día antes de que la jueza María Gabriela Marrón notificara los resultados del cotejo de ADN realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). En el encuentro, "las partes compartieron puntos de vista y aspectos del curso del proceso y se acordaron lineamientos para su desarrollo y continuidad; se escuchó especialmente a la mamá de Facundo, para quien se puso a disposición la continuidad y refuerzo del acompañamiento que exige el hecho objeto de investigación". Los fiscales marcaron en su decisión que “gira en torno a la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro seguida de muerte, con las connotaciones y particularidades que este tipo de causas conllevan y el trágico desenlace que, finalmente, se acreditó”.
* En ese sentido, designaron a la DATIP para que concentre y coordine, en lo sucesivo, la totalidad de estudios periciales de todas las especialidades, técnicos y químicos, entre otros, que se hayan dispuesto y concluido, que se encuentren pendientes y aquellos que se proyecten ordenar. Las divisiones de la PFA que están llevando a cabo análisis sobre teléfonos, equipos de geolocalización, inspecciones en espacios físicos y vehículos, libros de guardia policiales, entre otros, deberán remitirle sus informes técnicos en el estado en que se encuentren, “mediante la debida preservación de la cadena de custodia de los objetos, dispositivos y materiales objeto de pericia de que se trate”. De esa manera, será la DATIP quien sistematizará la información y hará consideraciones en el marco de un análisis integral sugerido por la PROCUVIN.
* Para evitar interrupciones o traslados innecesarios, sobre ese punto se aclaró que previamente a su remisión DATIP deberá evaluar “si de acuerdo a los alcances o especificidad de algunos de ellos, su abordaje puede ser afrontado técnicamente” y, en caso contrario, “se informe inmediatamente a la investigación qué gabinete especializado entiende que podría ejecutarlo”. Martínez, Azzolin y Heim también fijaron un cronograma para continuar recibiendo declaraciones testimoniales de manera virtual, que serán grabadas. En caso de ser necesario, quienes testifiquen y lo soliciten podrán contar con el acompañamiento de la DOVIC.
* Asimismo, el equipo fiscal le hizo saber a las partes que se harán las gestiones necesarias para que en lo sucesivo la totalidad del expediente y sus actuaciones anexas estén disponibles “a través del Sistema de Gestión de Expedientes Judiciales LEX100 y, cuando eso no sea posible, se compartirán los archivos a través del servicio de nube del Ministerio Público Fiscal de la Nación”. Además, se revisará una veintena de peritajes e informes que restan ser examinados, finalizados o realizados; requerimientos de información telefónica de agentes policiales; al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y sobre los móviles que circularon por la Ruta Nacional 3 entre Mayor Buratovich, Teniente Origone y General Daniel Cerri y adyacencias desde el 30 de abril pasado, entre otras.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/289853-caso-facundo-castro-el-equipo-fiscal-dispuso-que-la-causa-es
(***)Guerra declarada entre Sergio Berni y el abogado del caso Astudillo Castro
El ministro de seguridad defiende a la policía y al fiscal de la causa. EL letrado Leonardo Aparicio habla de encubrimiento. Cuál es el rol del fiscal Santiago Ulpiano Martínez.
GISELLE LECLERCQ
LA ÚLTIMA FOTO DEL JOVEN. |
En esta historia, hay una única certeza: alguien miente. Mientras que los tiempos judiciales requieren paciencia, el abogado Leandro Aparicio y el ministro Sergio Berni hablan en público sobre la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro como si fuera un caso cerrado. El querellante, que representa a la familia de Astudillo, afirmó que no tiene dudas de que “Facundo fue desaparecido por la Policía”. Días antes, el ministro de Seguridad bonaerense había defendido a la fuerza: "No se puede permitir que se ataque a personas que son inocentes”.
No se trata de diferencias de criterio o de maneras de valorar la prueba. Cada uno va a fondo con su versión en una escalada de acusaciones incomprensible. En paralelo, la causa avanza a su ritmo y la madre del joven, Cristina Castro, espera respuestas.
El miércoles 2, la jueza federal María Gabriela Marrón le confirmó a Cristina que el cuerpo que se había encontrado en un cangrejal de Villarino Viejo era el de su hijo. El joven de 22 años había salido de su casa el 30 de abril rumbo a Bahía Blanca, pero nunca llegó a esa ciudad. A nivel judicial, esa información es un dato para continuar con una investigación absolutamente atravesada por el barro mediático. En las próximas semanas, las pericias deberán determinar la causas y la fecha de su muerte.
LA AUTOPSIA DE FACUNDO ASTUDILLO Y LA BONAERENSE BAJO LA LUPA
El abogado pidió dos veces la recusación del fiscal Santiago Ulpiano Martínez. Lo acusa de no tomar las medidas necesarias, de ignorar pruebas fundamentales y de tener un trato displicente con la madre del joven. En diálogo con NOTICIAS, lo definió como “un fiscal encubridor de policías”. Para la querella, ministro y fiscal son lo mismo y de ahí la cruzada mediática contra el funcionario bonaerense.
En el entorno de Berni apoyan a ciegas el trabajo de Ulpiano Martínez, quien sostiene que no hay elementos suficientes para asegurar que las fuerzas de seguridad hayan estado involucradas en la muerte de Facundo. Allegados al ministro describen como una “canallada” la postura adoptada por el abogado y sostienen que su versión se debe a una “exacerbada ideologización antipolicía”.
VIDEO: LA CAMPAÑA DE SERGIO BERNI CRUZÓ LAS FRONTERAS
Hasta el 19 de junio, Cristina buscaba a su hijo sin imaginar nada extraño y contaba con la ayuda de un abogado conocido de ella, Luciano Peretto. Sin embargo, una serie de episodios la hicieron sospechar de las fuerzas y fue en ese momento que se sumó Aparicio. El abogado siempre entendió que sin presión mediática, la desaparición del joven podía quedar en la nada. Sus detractores lo acusan de buscar fama y de no llevar sus acusaciones al expediente.
En el caso de Berni, su defensa férrea a las fuerzas tiene una explicación política: “Si pedís la cabeza de la Policía y después se confirma que no tuvieron nada que ver, no podés ser más el ministro de Seguridad”, dicen fuentes oficiales. Sin embargo, también en el Gobierno, algunos subrayan las intenciones del ministro de hacer su propia construcción política alrededor de un discurso de mano dura, alineado a las fuerzas de seguridad.
SABINA FREDERIC: DE LA INTERNA CON SERGIO BERNI AL PLAN POSPANDEMIA
Los investigadores, mientras tanto, mantienen un absoluto silencio. Ni la jueza Marrón ni Ulpiano Martínez hacen declaraciones. Frente a la presión social cada vez más fuerte, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, decidió sumar a otros dos fiscales a la causa. Se trata del titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Andrés Heim, y del jefe de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), Horacio Azzolín. Por estos días, el equipo se encuentra revisando la estrategia comunicacional de la Fiscalía.
No es menor. Aparicio está convencido de que el encubrimiento puede ser posible a través de tres patas: una política, de la mano de Berni; una judicial, de la mano de Ulpiano Martínez y otra mediática. De ahí que haya puesto el ojo en un periodista de Bahía Blanca, Germán Sasso, el director del portal “La brújula 24”, a quien acusó de “plantar pruebas, desviar la investigación y conformar una asociación ilícita que busca la impunidad de la policía”. En su cobertura, el periodista coincide con la opinión del fiscal y hasta el propio Berni declaró que se informa sobre los avances en la investigación a partir de estas publicaciones (ver recuadro).
Dudas. Con cada paso de la causa, hay dos versiones. La última noticia se conoció el jueves 3, después de que se realizara el peritaje con perros en el patrullero Toyota Etios OMP 782. “El perro reaccionó enseguida, detectó algo. Ahora se están levantando cabellos del vehículo para determinar de quién son”, contó Aparicio. Pero el abogado fue mucho más allá: dijo que "en esa zona se encontraron más huesos humanos". "Esto puede ser el cementerio de la Bonaerense”, agregó. Quienes desconfían del abogado insisten en que no es la primera vez que los perros dan una pista falsa.
El perito de parte en este tema es Marcos Darío Herrero, un adiestrador canino que tuvo una participación fundamental en otras investigaciones mediáticas, pero sobre quien no hay unanimidad de opinión: para algunos, se trata de un experto destacado que ayudó a esclarecer casos como el de Micaela Ortega y para otros su aparición en las causas suele aportar confusión. Fue él también quien llegó al amuleto que habría pertenecido a Facundo y que encontraron en una comisaría tres meses después de su desaparición.
El fiscal se empeña en quitarle valor a este elemento e insiste en que todas las pruebas hacen suponer que Facundo llegó a Bahía Blanca. Para sostener su hipótesis se basa en el testimonio de otros dos adiestradores, que sostuvieron que los perros no pueden detectar rastros de olor humano después de 72 horas.
En el expediente, el fiscal reconoció “que dicha circunstancia, de corroborarse, constituiría un dato indiciario atendible pues ubicaría a Facundo -o al menos a sus pertenencias- en Teniente Origone. Ahora bien, restan medidas pendientes de producción -análisis biométricos, ADN y testimoniales- que refuercen dicha tesis. Hasta entonces, a mi entender, sigue prevaleciendo el cúmulo de elementos precedentemente señalados”. Para la querella, esto no tiene sentido.
Las diferencias entre una y otra mirada llegaron a la Justicia. Ulpiano Martínez respondió a la última recusación de la familia con un escrito en el que se refirió a las acusaciones en su contra: “Vuelven a incorporar términos injuriosos idénticos a los oportunamente cuestionados y que merecieron la advertencia del tribunal e intervención posterior del Colegio de Abogados local a instancias del suscripto, lo que dará lugar a una nueva comunicación mediante oficio -con transcripción de las piezas pertinentes- por cuanto se evidencia no solo una falta de ética sino también un claro incumplimiento a lo advertido en sede judicial”, se defendió el fiscal.
En 12 páginas incorporadas a la causa, defendió la veracidad del testimonio de los policías, a los que decidió no detener pese al pedido de la querella. Berni, en tanto, se pregunta por qué el abogado no apeló esa decisión. “Es increíble que digan eso. Uno tiene una estrategia como abogado. La fiscalía o el ministro no pueden dictar qué estrategia consideran mejor”, se defiende Aparicio.
Lo mismo sucede con el resto de las pruebas: de la zapatilla que se encontró cerca del cadáver, la querella dijo que estaba en perfectas condiciones pero desde la fiscalía aseguran que “no estaba impecable”; Aparicio insiste en la importancia de tres testigos clave y del otro lado aseguran que “no se corroboraron sus dichos”.
Límites delgados. Aparicio no negocia nada y calificó a Berni como un “desaparecedor” (sic). El asunto es un problema para el oficialismo porque mientras el ministro dice en público que “hay una disociación entre lo que dice el abogado y lo que dice el expediente", los gobiernos nacional y provincal tratan de mantener un contacto cercano con la madre de Facundo. “Hay que esperar los resultados de un cúmulo de pericias y desde el ministerio se están poniendo todos los recursos materiales y humanos necesarios”, se limitan a responder desde el ministerio de Seguridad de Nación.
El Gobierno reconoce que el tema está haciendo mella: buena parte de su electorado se sumó a un reclamo para exigir la renuncia de Berni. Por ahora, nadie quiere dar un paso en falso y se hace equilibrio. En definitiva, nadie sabe quién dice la verdad.
Fuente: https://noticias.perfil.com/noticias/informacion-general/esta-historia-hay-una-unica-certeza-alguien-miente-mientras-que-los-tiempos-judiciales-requieren-paciencia-el-abogado-leandro-aparicio.phtml
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Justicia y política
Para el embajador de los Estados Unidos, “atacar a un juez es atacar a todo el sistema judicial”
Edward Prado participó de la jornada anual del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Sin mencionarla, deslizó críticas a la reforma oficialista.
Edward Prado, embajador de Estados Unidos en la Argentina, durante la jornada del Colegio de Abogados de la Ciudad.
Sin mencionarla explícitamente, el embajador de los Estados Unidos alertó este lunes sobre el peligro implícito en el proyecto de reforma judicial que el oficialismo votó en el Senado la semana pasada. "Atacar a un juez es atacar a todo el sistema judicial", opinó durante su participación en la jornada de Diálogos para la Argentina, que todos los años organiza el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. En medio de las presiones para deshacer los traslados de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, y de la avanzada contra el procurador Eduardo Casal, Edward Prado consideró que “es indispensable que el sistema de justicia sea transparente, independiente y justo”.
Prado sabe de lo que habla: es ex juez y fiscal federal del distrito Oeste de Texas. Para el diplomático estadounidense, el buen desempeño de la Justicia es fundamental para el desarrollo de nuestras sociedades, desde la seguridad de los ciudadanos hasta el clima de inversiones para las empresas. Por eso recordó que “atacar a un Juez es atacar al sistema judicial y a todos quienes forman parte de él”.
El embajador, que hace tiempo no se manifestaba públicamente, participó este lunes del encuentro anual del Colegio de Abogados de la Ciudad, en el que analistas, referentes del Derecho, empresarios, diplomáticos y dirigentes políticos reflexionaron sobre los peligros de vulneración de las garantías constitucionales, la lucha por la transparencia y el Estado de Derecho a partir de las medidas de emergencia adoptadas por la pandemia de coronavirus.
"No es el momento, la oportunidad ni la forma para reformar la Justicia como se está haciendo. Una reforma seria no se puede hacer sin el consenso de los actores relevantes y aquí eso ha brillado por su ausencia", señaló Delia Ferrerira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional respecto del proyecto oficialista.
Delia Ferreira Rubio, titular de Transparencia Internacional, durante la jornada del Colegio de Abogados de la Ciudad.
"De ninguna manera habilitaría una discusión de ese tipo en momentos de emergencia como se viven ahora, y el Congreso está funcionando de forma poco clara. Más jueces designados a las apuradas sin ningún criterio técnico es un error", complementó el constitucionalista Alejandro Carrió, durante el panel que compartieron con el profesor Juan Carlos Cassagne.
En el mismo sentido se expresó Máximo Fonrouge, presidente de la entidad anfitriona: “En el proyecto no hay ningún respaldo técnico para la creación de organismos y cargos, si no un simple toma y daca para aprobarlo”.
Máximo Fonrouge, titular del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, durante la jornada anual de la institución.
En el panel previo, el presidente de la International BAR Association -organismo que nuclea a los colegios de abogados de todo el mundo- Horacio Bernardes Neto, señaló: "Los abogados somos fiscales del Estado de Derecho y debemos velar porque se respete en este contexto de pandemia”.
La tensión entre médicos y juristas es global, pero no es casualidad que el tema de la Justicia esté gravitando tanto aquí, donde las decisiones se tomaron por DNU y no por Ley y hay casos muy graves de abuso de poder y violencia institucional", planteó el analista Marcos Novaro.
El cierre del encuentro estuvo a cargo del expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, quien advirtió: “Un fenómeno estrictamente global como la pandemia no ha sido manejado desde el punto de vista global. La ONU es un espectador: Estados Unidos y China lo ha hecho cada uno por su lado y hasta nuestra América Latina está fragmentada.”
El ex presidente de Uruguay Julio María Sanguinetti, durante la jornada del Colegio de Abogados de la Ciudad.
En sus conclusiones, Fonrouge recordó que el Colegio “a lo largo de sus 107 años de existencia ha honrado su misión de defender la institucionalidad de la República y el adecuado funcionamiento de la Justicia”, y reclamó la construcción de consensos para abordar los problemas que enfrenta el país: “Es necesario que el Consejo de la Magistratura funcione como corresponde, y esto no es posible por la ley aprobada en 2006 que alteró el equilibrio. Esto no ayuda a seleccionar los mejores jueces ni a remover a quienes merecen ser removidos”.
Fuente: https://www.clarin.com/politica/embajador-unidos-atacar-juez-atacar-sistema-judicial-_0_mIGduZWnp.html
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El embajador de Trump avisó que viene a "fortalecer" la justicia
El ex juez de Texas Edward Prado dijo que pretende "mejorar el sistema judicial" argentino.
Prado con Garavano, en una visita al país en 2012
LPO08/03/2018
El nuevo embajador de Estados Unidos en Argentina, el ex juez de Texas Edward Prado, avisó que vendrá a Buenos Aires con la idea de "mejorar el sistema judicial", un objetivo que excede bastante las funciones de un representante diplomático.
El hombre designado por Donald Trump como su representante en Argentina brindó el miércoles testimonio ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, un paso clave para ser confirmado como embajador.
En su exposición ante la comisión que presidió el senador cubano estadounidense Marco Rubio, Prado hizo especial hincapié en la judicial, la que mejor maneja por su extensa carrera como juez y fiscal.
"Sé cuán importante es el Estado de Derecho y cuán importante puede ser una rama judicial fuerte e independiente para un país que va a ser una democracia sólida", dijo Prado. "Mi intención es continuar trabajando con los abogados y jueces de la Argentina para mejorar el sistema judicial y fortalecer la confianza de la gente en el sistema judicial", afirmó al leer su testimonio, según consta en la transcripción del Senado.
La referencia de Prado a su idea de "trabajar" con jueces y abogados argentinos seguramente provocará algún ruido en el Poder Judicial, siempre celoso de las interferencias de otros poderes, en este caso de un país extranjero. La duda que deja la idea del ex juez texano es si también la idea es colaborar con las investigaciones por corrupción.
Luego de su exposición, Prado fue consultado por Rubio y el senador demócrata Ben Cardin sobre el atentado a la AMIA y la muerte del ex fiscal Nisman. "Espero poder ayudar en este proceso en todo lo que se pueda con toda la asistencia que podamos brindar", respondió el texano tras destacar que el Gobierno de Macri está avanzando con la investigación.
Prado, de 70 años, fue durante 19 años juez del Distrito Oeste de Texas y durante los últimos 14 años, se desempeñó en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Quinto Circuito, un puesto de enorme poder al que llegó tras ser nominado por George W. Bush. Su exitosa carrera judicial lo llevó a ser mencionado en el 2005 como candidato a integrar la Corte Suprema de Estados Unidos.
El ex magistrado, que habla un fluido español con tonada mexicana, estuvo varias veces en el país, se mostró con el ministro Germán Garavano (con quien tiene una buena relación) y en 2016 participó de un seminario sobre el sistema de juicios por jurados, organizado por la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires y también en la provincia de Neuquén. Durante su exposición recordó las presentaciones que hizo en el país y dijo que hizo "amigos en el sistema legal".
Su destacada formación y experiencia en el ámbito judicial le garantizan la aprobación sin problemas de su designación como embajador, ya que además los republicanos tienen mayoría en el Senado.
Fuente: https://www.lapoliticaonline.com/nota/111668-el-embajador-de-trump-aviso-que-viene-a-fortalecer-la-justicia/
(*****)Aceptaron al Colegio de Abogados de La Plata como querellante y se complica la situación de los acusados
Es porque se habrían realizado escuchas en el penal de Melchor Romero entre abogados y detenidos. Este viernes comenzarán las indagatorias a través de zoom.
POLÍTICA
01/09/2020 - 10:01hs
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Espionaje ilegalColegio de Abogados La Plataquerellante
El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, aceptó como querellante en la causa al Colegio de Abogados de La Plata. Es en el marco del caso en el que se investiga una red de espionaje ilegal que habría funcionado desde la AFI durante la gestión de Mauricio Macri, con el seguimiento a políticos, periodistas y empresarios, entre los cuales se encuentran Cristina Fernández de Kirchner y Horacio Rodríguez Larreta.
De esta manera le confirmó a Diario Hoy el presidente de la entidad, Hernán Colli, quien había solicitado -en junio de este año- formar parte de la investigación. Finalmente, ayer el magistrado federal le comunicó la aceptación del requerimiento, ya que parte de las escuchas ilegales se habrían realizado en el penal de Melchor Romero, vulnerando la actividad profesional de los abogados.
“La vulneración del secreto profesional y de la confidencialidad en la relación cliente-abogado, son pilares centrales del derecho a defensa, que son derechos humanos fundamentales que tiene cualquier ciudadano”, explicó Colli. En este sentido, el letrado le había solicitado al juez "que se nos tenga como querellante en defensa de los intereses de nuestros matriculados”.
“Bajo ningún punto de vista se puede escuchar la conversación de una persona privada de su libertad con su abogado”, agregó Colli. En esta misma causa son investigados el exsecretario privado de Macri, Darío Nieto; la exencargada de la Documentación Presidencial, Susana Martinengo; y el extitular de la AFI, Gustavo Arribas, entre otros exfuncionarios y agentes de inteligencia.
Indagatorias
Nieto fue convocado para el 6 de octubre a las 10.30, mientras que Arribas está citado para el día 9 del mismo mes, a la misma hora. En tanto, la ex n°2 del organismo, Silvia Majdalani, está citada a declarar el 8 de octubre, a través de la plataforma zoom.
Por su parte, el 11 de septiembre será el turno de Martinengo. La segunda ronda incluirá a una veintena de exespías, entre quienes se encuentra el exjefe de Operaciones Especiales de la AFI, Alan Ruiz.