Discurso de apertura de la XIX Conferencia Nacional de la Abogacía - Eduardo Massot.
Autoridades presentes, estimadas y estimados colegas, próxima a cumplir un siglo de vida, la Federación Argentina de Colegios de Abogados vuelve a celebrar otra Conferencia Nacional, como lo viene haciendo desde 1924, cumpliendo así con el mandato fijado en el inciso sexto del primer artículo del estatuto de nuestra Federación. En cada encuentro nos hemos congregado para discutir las cuestiones atinentes a la profesión, pero también para analizar y procurar mejorar el servicio de Justicia argentino, y para debatir las reformas sociales y jurídicas que requiere la República, según se dispuso en nuestro primer reglamento institucional.
Con la misma idea llegamos a esta Decimonovena Conferencia Nacional de la Abogacía que estamos inaugurando en la ciudad de La Plata, la capital más joven de las provincias antiguas, reconocido centro universitario, departamento judicial de intensa actividad forense, sede del prestigioso Colegio de Abogados de La Plata que ha dado a la Federación dos presidentes de la talla de los doctores Enrique Pedro Basla y Carlos Alberto Andreucci, y sede también del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires que nuclea a veinte entidades forenses entre las cuales se encuentran dos de los Colegios fundadores de FACA, los de Dolores y Mercedes y el decano de los Colegios de Abogados del país, fundado en Bahía Blanca en 1902.
En cada una de las dieciocho conferencias anteriores se trataron temas de gran importancia, siempre vinculados a los problemas nacionales de cada época. En dos oportunidades las reuniones se realizaron en La Plata, la primera vez en 1959, en ocasión de la Sexta Conferencia Nacional, con un temario muy variado, en el que se destacó el referido a la reciente enmienda constitucional de 1957.
Pero quiero destacar ahora la trascendencia que reviste en la historia la Octava Conferencia de Abogados que también tuvo lugar aquí en La Plata en diciembre de 1970.
El país se encontraba desde 1966 en medio de un régimen de facto que limitaba las garantías constitucionales, y perseguía a políticos, estudiantes y gremialistas, en medio de una efervescencia militante de tendencias contrapuestas en el abanico ideológico de aquellos días, de todo lo cual aparece como síntesis el recordado “Cordobazo” de finales de mayo del año anterior.
En este contexto la Conferencia deliberó sobre dos temas relevantes: “Las estructuras del poder y de la representatividad en el Estado Moderno, en función de la realidad argentina”, y “La reforma constitucional”.
Las conclusiones a las que abordaron aquellos abogados de hace medio siglo, merecen nuestro reconocimiento al regresar a La Plata para deliberar sobre un tema que hoy, como los tratados en aquél entonces, constituye una gran preocupación para la abogacía y la ciudadanía, “El acceso a la Justicia”.
Aquellas declaraciones se encontraban profundamente impregnadas de las doctrinas sociales del momento y apuntaban a recuperar la vida democrática, el estado de derecho y la justicia social. Las actas y documentos que fueron publicados nos muestran la evolución de un foro que, a medida que crecía numéricamente, se hacía más plural. Así se cuestionó la legitimidad del poder que por entonces gobernaba en la Argentina y se llegó al extremo de reconocer el derecho a la resistencia popular en contra de un poder ilegítimo, precepto que recogió luego nuestra Constitución Nacional en su reforma de 1994 en su artículo 36º, concluyendo en un contundente rechazo a la posibilidad de una reforma constitucional impulsada por un gobierno de facto, más allá de que se considerara posible y necesaria esa reforma una vez recuperado el estado de derecho.
Desde entonces transcurrieron tiempos dramáticos: un sobresaltado retorno democrático en 1973, un nuevo y sangriento proceso de facto desde 1976, y la reapertura de la plenitud democrática desde 1983, con todas las dificultades políticas, sociales y económicas que no hemos podido superar al cabo de treinta y seis años.
En medio de estos desencuentros la Argentina ha llegado a este presente estancada en su crecimiento, agobiada por las recurrentes crisis económicas internas, y vulnerable al impacto de las diversas alternativas económicas y financieras internacionales.
En la coyuntura actual, volvemos a la ciudad de La Plata en condiciones muy diferentes a las de 1970, pero de cualquier manera preocupante. Nos encontramos divididos políticamente por una profunda grieta, apremiados por la inflación, la inseguridad y una pobreza creciente. En pleno siglo XXI dependemos todavía de una cosecha afortunada para atemperar el quebranto de nuestras reservas internacionales y hemos hipotecado el futuro mediante el endeudamiento externo, en medio de la depreciación cotidiana de nuestra moneda, la imposibilidad del acceso al crédito, la alta presión impositiva, el costo de las tarifas y el cierre de fuentes laborales.
La profundización de la exclusión de amplios sectores alimentan la marginalidad y la descomposición del tejido social. El aumento del delito, el tráfico y el consumo de drogas, la crispación social y la violencia generalizada en todos los ámbitos de las relaciones humanas, se traducen en alarmantes estadísticas de asaltos, homicidios y femicidios.
De esta manera, los sectores vulnerables que demandan acceso a la Justicia aumentan en forma creciente en amplias franjas de la población, constituyéndose las abogadas y los abogados más que nunca, en los agentes sociales capaces de orientarlos y patrocinarlos en demanda de sus derechos.
A esto se suman los vergonzosos casos de corrupción que pesan sobre exfuncionarios y empresarios, algunos de ellos ya condenados y otros procesados y con prisión preventiva, en medio de denuncias cruzadas entre el gobierno, exfuncionarios, jueces y fiscales.
Ante el panorama que se nos presenta, cunde el desaliento y el descreimiento ciudadano en la clase política, y ante la gravedad de los problemas que deberá enfrentar el próximo gobierno, pocos tienen verdaderas esperanzas en que el resultado de las próximas elecciones derive en una recuperación económica, social y moral sostenible para el país.
Este descreimiento alcanza también, y muy fuertemente, a la Justicia. Hace pocos días los medios de comunicación del país reprodujeron los conceptos vertidos por el Dr. Carlos Rosenkrantz en el acto en el que, como presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dejaba inaugurado el año judicial. Sus dichos apuntaron a la “crisis de legitimidad” y a la pérdida de confianza de los argentinos hacia los jueces y hacia la Justicia.
En ese marco, desde diferentes sectores políticos se denuncia que los procesos abiertos contra la expresidenta y otros altos funcionarios de su gobierno, responden a la manipulación política de los jueces por parte del gobierno nacional. Desde otros, se señala que la manipulación política de la Justicia es la que se dio antes de diciembre de 2015, lo que aseguró impunidad para el enriquecimiento ilícito y la corrupción en su más alta expresión. Las dos miradas descreen de la independencia del Poder Judicial y pocos son los que esperan el pronunciamiento de los jueces con convicción y confianza en la ecuanimidad de sus sentencias.
Desde diversos ámbitos se agrega a las causas del descreimiento en la Justicia, la excesiva morosidad de los procesos y el alto costo económico que representa para los justiciables, elementos que muchas veces resultan disuasorios a la hora de ejercer el derecho de acceso a la Justicia.
Es por ello que la Federación Argentina de Colegios de Abogados abordó el tema de la “Crisis de la Justicia” en la última sesión de su Junta de Gobierno celebrada en Villa Mercedes, San Luis, el pasado 29 de marzo, especialmente motivada por nuevas denuncias de corrupción mezcladas con operaciones de inteligencia y que comprometen, lamentablemente, a magistrados y funcionarios judiciales, poniendo en tela de juicio la credibilidad de todo el sistema.
El documento producido por la Junta de Gobierno destaca la gravedad de la situación y sus muy serias implicancias, lo cual quebranta uno de los principales pilares del estado de derecho. En él se recuerda a la ciudadanía que uno de los objetivos esenciales de la reforma constitucional de 1994 fue la defensa de la independencia, la jerarquización y la despolitización de la Justicia, lo que no parece que se haya cumplido al cabo de 25 años.
Ante este panorama tan negativo, la FACA vuelve a llamar la atención sobre la constitución del Consejo de la Magistratura, cuyo equilibrio original ha sido desvirtuado en sucesivas reformas iniciadas en 2006, alterándose y politizándose su conformación, disminuyéndose algunas representaciones, como es el caso de los abogados, y aumentándose las provenientes del sector político.
La FACA, y la colegiatura de la Abogacía, han expresado constantemente su queja e interpuesto recursos contra el sistema de representación que se ha implementado en el Consejo de la Magistratura, sistema que rompe el primitivo equilibrio y que no garantiza la ecuanimidad de sus resoluciones, con serio riesgo de que la selección de magistrados, o su potencial enjuiciamiento, se encuentre afectada por el predominio de intereses políticos partidarios, con las consecuencias previsibles en cuanto a la calidad del servicio de justicia.
El descreimiento ciudadano con relación a la eficiencia e independencia del sistema judicial argentino, guarda estrecha relación con la convicción predominante sobre lo dificultoso que resulta el acceso a la Justicia, tema que nos convoca en esta oportunidad y que resulta una preocupación en muchos países, como lo ha destacado la Organización de las Naciones Unidas en su portal sobre el Estado de Derecho.
En él se señala que en la Declaración de la Reunión de Alto Nivel sobre el Estado de Derecho de 2012, los Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros, pusieron de relieve el derecho a la igualdad de acceso a la justicia para todos, incluidos los miembros de grupos vulnerables, y reafirmaron el compromiso de los Estados Miembros de adoptar todas las medidas necesarias para prestar servicios de justicia justos, transparentes, eficaces, no discriminatorios y responsables.
La ONU considera que “el acceso a la justicia es un principio básico del estado de derecho. Sin acceso a la justicia, las personas no pueden hacer oír su voz, ejercer sus derechos, hacer frente a la discriminación o hacer que rindan cuentas los encargados de la adopción de decisiones”.
En el programa “Justicia 2020” del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que la FACA participa activamente, se considera al tema del acceso a la Justicia como uno de los ejes principales de su accionar, procurando que todas las personas, en especial aquellas en situación de vulnerabilidad, accedan al sistema de justicia y puedan resolver participativamente sus conflictos.
Es importante poner de relieve la interacción desarrollada y coordinada entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y las entidades representativas de la abogacía, en un punto en el que los Colegios de Abogados del país pueden acreditar una larga experiencia como lo es el asesoramiento jurídico gratuito, presente en los objetivos de la colegiación desde sus inicios.
En la actualidad, y más allá de los convenios suscriptos en torno al programa “Justicia 2020”, la totalidad de los Colegios y Asociaciones de Abogados, cuentan con servicios de asesoramiento jurídico gratuito, que constituyen la primera muestra de un interés colegial por asegurar el acceso a la justicia de los sectores vulnerables.
La relevante cuestión del Acceso a la Justicia, que hoy nos congrega, ya ha sido considerada, aunque en menor medida que en esta oportunidad, en Conferencias Nacionales anteriores. Así la Comisión Nº 3 de la Decimoquinta Conferencia realizada en Salta en 2007 incluía en su temario el del Acceso a la Justicia y, muy especialmente, en relación con los delitos contra la integridad sexual. En el transcurso de las sesiones se propuso la creación en todas las jurisdicciones del país de Unidades Fiscales en delitos contra la Integridad sexual, trata de personas y pornografía infantil. También se propuso la creación de un banco de datos genéticos con el objeto de facilitar la identificación del autor del ilícito, con las debidas precauciones en relación con el resguardo de las garantías constitucionales.
También se analizó la figura del Arbitraje en relación con el derecho del acceso a la Justicia, recomendándose que en las facultades de Derecho se incorpore el estudio y la práctica del arbitraje comercial interno e internacional, y que los Colegios de Abogados capaciten a los profesionales en el ejercicio del arbitraje.
En el temario de la Comisión III de la Decimosexta Conferencia realizada en San Isidro en 2010 se incluyó también el análisis de la pobreza, la marginación y las desigualdades frente al Derecho, los grupos vulnerables y las cuestiones de género. En las conclusiones se analizaron aspectos vinculados a la familia y a los derechos de niños, niñas y adolescentes, incluyendo lo relativo al aborto no punible.
Pero fue recién en 2014, en oportunidad de la Decimoséptima Conferencia realizada en Posadas, en que el Acceso Democrático a la Justicia constituyó un eje temático, dedicándose la Comisión Nº 1 a abordarlo desde el punto de vista de la tecnología.
En dicha Conferencia Nacional, entre las conclusiones sobre sistemas alternativos de resolución de conflictos, se destaca la necesidad de “Recordar que el abogado es partícipe necesario en la práctica de los medios alternativos de Justicia en todas sus especies, en cuanto se relacionan con la justicia consensual, considerando que estos sistemas pretenden desjudicializar pero no desjurisdizar la naturaleza de los conflictos”.
Esta conclusión adquiere singular importancia en la actualidad, cuando el subtítulo de nuestra Conferencia hace alusión al “Rol del Abogado en relación con el acceso a la Justicia”.
Conviene recordar que desde que la Abogacía existe ha sido agraviada y descalificada en el desempeño de su rol fundamental, en la defensa de los sectores vulnerables de la sociedad y como garantes de la ciudadanía a un derecho fundamental, la tutela judicial efectiva. Si me permiten, vale traer a cuento el siguiente hecho histórico. En la primitiva ciudad de Buenos Aires, allá por el año de 1613, cundió la alarma en el recinto de su Cabildo ante la noticia de que llegarían al, por entonces pequeño caserío, tres abogados. Frente a ello, el procurador de la ciudad propuso que no se les permitiera ingresar, salvo que trajeran licencias superiores, “pues venían con ánimo de que haya pleitos para ganar plata”. Con el visto bueno del Cabildo se intimó a los letrados que venían en camino a que se abstuvieran de entrar a la ciudad.
Sin embargo, el historiador Raúl Molina demostró que la resistencia de los cabildantes a la llegada de los abogados en 1613 respondía, en realidad, “al temor de que se pusieran al descubierto sus negocios ilícitos, especialmente vinculados a la introducción ilegal de esclavos africanos”.
Más cercanamente en el tiempo, se puede recordar otro caso, cuando el entonces Ministro de Economía, doctor Domingo Cavallo, en mayo de 1993, clamaba contra lo que denominaba la “industria del juicio” en el marco de los juicios laborales que su política económica había hecho multiplicar. Decía el Ministro: “Son un disparate que perjudican al trabajador y al empleador. Los únicos que ganan son los abogados patrocinantes, los peritos, y a veces los jueces y las Cámaras que, de alguna manera, terminan participando de todo este jolgorio de honorarios”. Pocos meses después el diario La Nación, lamentablemente, se hizo eco de aquellas acusaciones, y en un editorial dedicado a los “Honorarios profesionales y el costo argentino” calificaba a los abogados como una “constelación profesional organizada al amparo de normas y costumbres de naturaleza corporativa y carentes de toda ética”.
La descalificación a la abogacía y al sistema judicial ha sido moneda corriente cada vez que es necesario contener dentro de los marcos constitucionales los desbordes del poder político y económico. Así ocurrió con el último gobierno, cuando en 2015 la presidenta de la Nación denunció la existencia de un “partido judicial”, por el solo hecho de que contrariaba los planes del gobierno, concepto que ha seguido sosteniendo y desarrollado aún más en su rol de senadora nacional, al tiempo que se encuentra enfrentando variados procesos judiciales. También ocurrió cuando el actual presidente de la Nación reaccionó contra la alta litigiosidad laboral, afirmando en junio de 2017 "Hay que enfrentar la mafia de los juicios laborales y terminarla, porque destruye la generación de empleo futuro". Unos días antes, frente a un auditorio de empresarios, ya había insistido en el pedido de dinamitar la "industria del juicio".
Hay que decir que la Federación Argentina de Colegios de Abogados viene produciendo declaraciones críticas contra muchas de las políticas del gobierno actual, reclamando la reforma de la conformación del Consejo de la Magistratura, denunciando las inconsistencias y fallas del sistema de “Reparación Histórica”, los perjuicios que contra los jubilados se derivaron de la llamada “Reforma previsional” y pronunciándose contra la reforma de la Ley de Riegos de Trabajos que claramente afecta el acceso democrático a la Justicia de sectores vulnerables de la sociedad, como son las trabajadoras y trabajadores enfermos y/o accidentados.
Contrariamente a las agresiones y estereotipados argumentos disparados desde el poder contra los letrados y la Justicia, las abogadas y los abogados siguen siendo los actores sociales a los que todos acuden en defensa de sus derechos ni bien se sienten amenazados, y los principales y más calificados garantes para lograr que el ciudadano acceda democráticamente a la Justicia, aun apelando a las formas alternativas de resolución de conflictos.
Corresponde señalar también que las malas prácticas, las conductas profesionales indebidas y los abusos de abogados inescrupulosos, son materia de los Tribunales de Disciplina y de ética profesional de los Colegios, cuyas intervenciones pueden llegar a la suspensión de la matrícula y la inhabilitación profesional. Esta es una de las atribuciones que la colegiación legal confirió a los colegios y que constituye un reaseguro de que las prácticas profesionales de los abogados se ajustan al correcto ejercicio del derecho o sean pasibles de la sanción de sus pares.
Cuando los gobernantes declaran contra la abogacía y califican de “mafia” a la acción de los defensores de los derechos de los trabajadores, deberían recordar que fueron abogados laboralistas los que la dictadura militar ultimó en aquella aciaga “noche de las corbatas” en 1977. Vaya nuestro homenaje a los colegas asesinados esa noche, en el recuerdo emocionado de Norberto Centeno, el más veterano del grupo de letrados muertos sin piedad, a los 50 años de edad, ya considerado como uno de los laboralistas más prestigiosos del país.
Por ello cuando los gobernantes descalifican a los abogados por defender a los jubilados, a los trabajadores accidentados y a los cesanteados, a los consumidores y usuarios, deberían recordar que también se los descalificó y se los persiguió cuando defendían a los presos políticos de la dictadura.
Es por eso que la FACA y los colegios de abogados defendemos la profesión sin aceptar que se nos diga que nos mueve un espíritu corporativo. La Comisión de Defensa de la Defensa, surgida en FACA durante la dictadura de la autodenominada Revolución Argentina y desarrollada durante el Proceso Militar, también tiene mucho que decir durante la democracia en defensa de la acción de los abogados en pos del acceso a la Justicia de los ciudadanos, y en especial de los grupos más vulnerables.
Esta comisión continúa trabajando en el presente en temas vinculados a la inmunidad del abogado como garantía del acceso a la jurisdicción.
Próxima a cumplir cien años de labor ininterrumpida, los que celebraremos el 12 de julio de 2021, la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que ha debido en todo ese tiempo contrarrestar las amenazas más serias provenientes del poder político, militar y económico, y que ha crecido cuantitativamente desde los 7 colegios iniciales hasta los 82 que en la actualidad representa, tiene toda la autoridad moral para decir que:
No hay acceso a la Justicia posible sin democracia.
No hay acceso a la Justicia posible sin República y división de poderes.
No hay acceso a la Justicia posible sin jueces independientes, y sin un Consejo de la Magistratura conformado de manera equilibrada de acuerdo al mandato constitucional.
No hay acceso a la Justicia posible sin un Estado inclusivo que apunte a la protección de los sectores más vulnerables.
No hay acceso a la Justicia posible sin abogados calificados y honestos.
No hay acceso a la Justicia posible sin Colegios de Abogados que protejan, controlen y garanticen el ejercicio responsable de la abogacía.
En ese sentido, y como palabras finales, deseo expresar mi mayor reconocimiento a los organizadores por esta convocatoria, especialmente a las autoridades del Colegio de Abogados de La Plata y al Instituto de Estudios Legislativos, y mis mejores deseos de éxito durante el desarrollo de la Decimonovena Conferencia Nacional de Abogadas y Abogados.
La Plata, 24 de abril de 2019
Eduardo Andrés Massot
Presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados